Arte CulturalLA POLITICA COLOMBIANA, SU PENUMBROSA IL$EGALIDAD Y VIOLENTA CRIMINALIDAD
Hernando Llano Ángel
Todo parece indicar que la política en Colombia siempre ha estado signada por una penumbrosa il$egalidad que, en aquellos momentos críticos que auguran transiciones y aperturas democráticas, se expresa criminal y violentamente. En algunas ocasiones, precipitándolas, como aconteció en la coyuntura constituyente, entre 1989 y 1991, alumbrada y catalizada por tres magnicidios en línea: Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, 22 de marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leongómez, 26 de abril del mismo año. Entonces se desató un proceso constituyente que engendró una Constitución con un doloroso y vergonzoso estigma, el artículo 35, que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Sin duda, la violencia terrorista de Pablo Escobar y los llamados extraditables, doblegó a un Estado débil y carcomido en sus entrañas por la corrupción, quedando la voluntad de la mayoría de los delegatorios en la Asamblea Nacional Constituyente sometida al chantaje terrorista. Entonces, César Gaviria Trujillo, como presidente de la república, promovió la llamada política de “sometimiento a la justicia”, que a la postre terminó siendo lo contrario, la justicia sometida a la criminalidad con fines políticos. Sobre todo, después de haber creado las cooperativas de seguridad llamadas “Convivir, la metamorfosis teratológica de los PEPES, rápidamente convertidos en AUC y paramilitares, hasta llegar hoy a sus descendientes más longevos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Es decir, hay un hilo ininterrumpido de criminalidad política hasta nuestros días, que hoy busca romper y someter el gobierno del Pacto Histórico con su estrategia de Paz Total. Tras los tres magnicidios, todos los sabemos, estuvo públicamente la violencia codiciosa e inescrupulosa del narcotráfico, amalgamada con el poder corrupto de cierta elite política tradicional, hoy camuflada bajo numerosas siglas de facciones que recorren todo el espectro político partidista y el de organizaciones armadas ilegales, que se disputan a muerte vastas áreas del territorio nacional por el control de economías ilícitas. A ello hay que sumar la criminal impunidad de miembros de la Fuerza Pública y agencias de inteligencia del Estado, como el DAS, F-2 de la Policía y B-2 del Ejército, que entonces no fueron oportunamente investigados. Todo ello, lo sabemos ahora, terminó con la condena de dos figuras descollantes de la política y la investigación judicial, Alberto Santofimio Botero y Miguel Maza Márquez, entonces director del DAS. Pero muchos otros responsables de semejante hecatombe se han resguardado en la sombra de la impunidad. Por eso vale la pena volver a leer apartes de la carta que escribió desde la cárcel José Ever Rueda Silva, conocido como el hombre de la pancarta previendo su asesinato: «Si llegado el caso me asesinan, ya que soy la última persona que me encuentro detenida, porque a casi todos mis compañeros los han asesinado por estar comprometidos en el caso del doctor Galán, dejo este escrito para que mi mamá, Lilia Silva, lo entregue a la justicia en el caso de que no alcance a confesar ahora en julio que empieza a funcionar la Fiscalía». Y allí reveló cuestiones tan escalofriantes como inverosímiles, pues con un par de hermanos medios comenzó en la guerrilla, pero luego fueron reclutados por las autodefensas de Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y “poco a poco nos fueron dando trabajo para hacer vueltas hasta que nos ganamos la confianza de los patrones. Nos llevaron a hacer el curso en la escuela de entrenamiento ‘la Cuarenta’. Duramos tres meses. Después nos enviaron a Bogotá a hacerles la guerra a los de la UP (Unión Patriótica) … Nuestro enlace principal, ordenado por ‘El Mexicano’ y Henry Pérez, era el teniente Flórez, quien dirigía la red de inteligencia del B-2 de la Decimotercera Brigada, así que operábamos con carné de esa brigada. Por eso tuvimos éxito en la muerte del doctor Galán, del doctor Teófilo Forero y Antequera, la bomba de ‘El Espectador’ y la muerte del hijo de Víctor Carranza». También reveló los vasos comunicantes del narcotráfico y las autodefensas con destacados líderes políticos: “Conocimos además a Justo Pastor Perafán, a la Reina de la coca, a Ángel Gaitán Mahecha, a Santofimio Botero, a Hernando Durán Dussán y a Humberto Madero”. Y ya en la ejecución del magnicidio de Galán: «Todo consistía en que Jaime se infiltrara junto a la tarima con su carné del B-2 y con la ayuda de los dos escoltas torcidos del doctor Galán. Todos debíamos usar un sombreo blanco. Mi misión era meterme junto a ellos y tenía que tener una pancarta para disimular y al mismo tiempo con una pistola haría tiros después de que Jaime le disparara al doctor Galán. Esto con el ánimo de crear pánico y que la gente corriera para así poder escapar. Los Chávez, Enrique y Orlando se instalarían en la entrada de Soacha para hacer hostigamiento, el sargento Herrera, que trabajaba con Flórez en la Brigada, nos recogía a los Chávez, a Piña y a mí, para no tener problema, aunque todos portábamos carné del B-2. El combo de Poca Pena también se instalaría a la entrada de Soacha, con eso, si no se lograba matar al doctor, ellos le dispararían un ‘rocket’ al carro en que sacarían al doctor Galán. Y los otros muchachos se instalaron dentro de una volqueta para entrar a rematar, todos con armas largas. Mi hermano nos decía: tómense un aguardiente, pero no se emborrachen que ya casi llega el paciente. Eran como las 6 y media de la tarde. Así lo matamos». Y, paradójicamente, con ello lograron posteriormente los extraditables su máxima aspiración política y criminal, la prohibición de la extradición por vía constitucional. Ahora parece que estamos frente a un pulso parecido entre el Gobierno y las Autodefensas Gaitanistas y los llamados “Grupos armados organizados con alto impacto criminal”, objeto de sometimiento a la justicia y no de negociación política, según la ley 2272 o de Paz Total. Así se desprende de la reciente carta de Salvatore Mancuso al presidente Petro, en donde insiste en equiparar las Autodefensas Gaitanistas con el ELN, pues considera Mancuso que es un imposible definir “con precisión y equilibrio su carácter político con el nivel de degradación de los conflictos armados”, así como temerario hacerlo “por un criterio exclusivamente ideológico”, válido para el ELN y las disidencias de las FARC. Añade, además, que ambos grupos “tienen control territorial real y suplantan al Estado en muchos lugares del país y son un actor político en esas regiones”, como lo vemos hoy con el paro minero en el bajo Cauca antioqueño. Y advierte que no se pueden repetir errores como los cometidos por el presidente Álvaro Uribe con las AUC que fueron desmovilizadas “para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física”. Por último, fustiga el intento del gobierno de rehabilitar políticamente a Iván Márquez y a la “Nueva Marquetalia” porque su carácter político “se diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico”. En fin, todo lo anterior, corrobora la simbiosis entre política, criminalidad e ilegalidad, que hoy tiene su correlato en el mundo de la competencia electoral y la vida familiar con protagonistas de la política institucional y personajes como Nicolás Petro y Aida Merlano, así como ayer lo fue con el proceso 8.000 y la parapolítica. Razón tenía García Márquez cuando en su Proclama por un País al alcance de los niños, escribió: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”, por eso vivimos en una “encrucijada de destinos que ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. La encrucijada de la política atrapada en un penumbroso laberinto de il$egalidad y violenta criminalidad, que este gobierno pretende liberar con la Paz Total.
