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Recientemente ha tenido lugar la Semana Anual de Libros Prohibidos, que pretende resaltar los peligros de la censura y celebrar la libertad de expresión.
Coincidiendo con la campaña, la organización PEN America publicó un nuevo informe sobre las restricciones de libros dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos, donde según ellos se está llevando a cabo la mayor política de prohibición de libros del país.
Las reglas que regulan lo que los prisioneros pueden y no pueden leer varían de estado a otro, e incluso de una prisión a otra dentro del mismo estado.
Según el informe, «los sistemas penitenciarios funcionan según una jerarquía, lo que significa que dentro de esa jerarquía los funcionarios de los distintos escalafones pueden actuar como censores y bloquear el acceso de las personas encarceladas a los libros».
A menudo estas prohibiciones no siguen un cauce forma ni estandarizado y pueden basarse en el criterio individual del funcionario de turno.
Esto hace que sea difícil hacer un seguimiento de cuántos autores y títulos han sido prohibidos en las cárceles estadounidense. El informe indica, por ejemplo, que en el sistema penitenciario de Floria se han prohibido unos veinte mil libros, frente a más de diez mil en el de Texas.
El contenido del libro suele ser uno de los criterios que se utilizan para su prohibición. Si el libro tiene desnudos y obscenidades, violencia o actividad criminal o se alienta a escapar o instiga al odio o incluso si transmite valores raciales o derechos civiles, probablemente será prohibido.
Las autoridades dicen que eliminar ciertos títulos de la lista puede ayudar a evitar que los reclusos obtengan información que conduzca a la violencia o la fuga, como informa Mihir Zaveri, del New York Times.
Pero los informes de PEN citan multitud de ejemplos que demuestran que las reglas son arbitrarias e irracionales. En Tennessee, los funcionarios se negaron a permitir que un preso recibiera un libro sobre el Holocausto porque contenía desnudos.
Una prisión de Ohio bloqueó un libro de texto de biología por esa misma razón. En Colorado, los funcionarios de una prisión federal impidieron que un interno recibiera las memorias de Barack Obama alegando que los libros eran potencialmente perjudiciales para la seguridad nacional.
Además, existen otras restricciones que tienen poco que ver con el contenido. Incluso aunque este entre dentro de los límites de lo permitido, para evitar que se produzca contrabando, algunos sistemas estatales y federales han implementado políticas que solo permiten que los prisioneros adquirieran libros de vendedores contrastados, sin permitir que reciban libros de familiares o amigos.
Algunas de estas decisiones son retiradas después de que se interpongan protestas por parte de los reclusos, pero en general para los prisioneros es muy difícil impugnar estas prohibiciones debido a que el sistema penitenciario se ampara en la Ley de Reforma de Litigios de Prisión, que, según Rachel Poser, «fue diseñada para reducir el número de demandas presentadas por los reclusos contra las cárceles».
Esta ley obliga a las personas encarceladas a presentar su queja primero ante la administración de la prisión antes de poder llevarla ante un tribunal real.
«En la práctica», escribe Poser, «estos sistemas crean una maraña de procedimientos administrativos que desalientan a los reclusos para presentar demandas».
El informe PEN hace una serie de recomendaciones para ampliar y mejorar el acceso de los reclusos a los libros, entre ellas la derogación o reforma de esta ley.
El informe también sugiere que los funcionarios estatales y federales realicen revisiones periódicas de sus políticas de restricción de libros y hagan que las listas de libros prohibidos sean transparentes y que estén al alcance de cualquiera.
El informe incide en que el objetivo no es criticar a los funcionarios de prisiones ni al sistema penitenciario sin más, sino demostrar que «las restricciones de libros en las cárceles estadounidenses a menudo son arbitrarias, demasiado amplias, opacas, sujetas a poca revisión y poco preocupadas por el derecho de los reclusos a acceder a libros». El resultado es un sistema de prohibiciones que no cumple con los ideales democráticos y constitucionales.
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